Noviembre 25, 2022

Este es el eufemismo que han escogido los imaginativos burócratas colombianos, en este caso de Medicina Legal, para presentar las escalofriantes cifras de mortandad en las vías. Algo parecido e igual de insulso que hablar de “individuos arbóreos” para describir un árbol o de “habitantes en situación de calle” para referirse a las personas indigentes. Pero esta glosa a la realidad es ya de otro nivel.

Motociclistas decapitados por tractomulas, ciclistas arrollados como si fueran bolos, familias enteras aplastadas en accidentes viales, peatones que vuelan por los aires cuando son embestidos por mastodónticas camionetas, buses de pasajeros despeñados en los más aterradores precipicios. Estos “eventos de transporte” son una tragedia nacional que está llegando a niveles epidémicos.

Según las estadísticas de este año cerca del 30% de las muertes violentas registradas en el país corresponden a este eufemístico rubro, el segundo en el registro después de los homicidios, los cuales contribuyen en un 48% a la cifra. En plata blanca unos 8.000 nuevos cadáveres al año.

Este baño de sangre vial es enteramente previsible. Cuando los países en desarrollo llegan a cierto nivel de ingreso la mortandad en las vías se dispara, convirtiéndose en muchos casos en la principal causa de muerte de la población. Es producto del desarrollo: más ingresos, mayor acceso a vehículos automotores, mejores vías, todo en muy poco tiempo. Es lo que ocurre cuando se pasa de la mula a la Kawasaki 125 en media generación.

Sin embargo, en la anarquía organizada que es Colombia el problema se torna exponencial. La cifra de muertos por estos “eventos de transporte” crece a un ritmo de dos dígitos anuales, sin ningún indicio de que el fenómeno tienda a ralentizarse. La Agencia Nacional de Seguridad Vial –una loable y necesaria idea puesta en práctica en 2013– cayó desde su nacimiento en las redes clientelares y se convirtió en un apetecible trofeo burocrático que pasa de político en político según los imperativos legislativos del gobierno de turno. El testimonio más notable de su fracaso está en sus propias estadísticas, publicadas con cierta candidez en la página web de la entidad, donde queda claro que desde que fue creada la mortalidad en las calles y carreteras colombianas se ha aumentado en un 40%.

Sería casi cliché decir que la actual situación es multicausal. En efecto lo es. Es cierto que el problema tiene sus raíces en la falta de educación de todos los involucrados: conductores, peatones, ciclistas y motociclistas. El instinto de supervivencia del homo sapiens, por razones desconocidas, parece suspenderse cuando el sujeto transita por carreteras colombianas. Las campañas de concientización sobre los peligros relacionados con la movilidad, algunas bastante macabras, por cierto, no parecen tener ningún impacto, como no lo tienen los pulmones putrefactos y los fetos exhibidos en las cajetillas de los cigarrillos.

Más curioso aún es la conciencia mística que existe entre muchos conductores, donde una estampa de la Virgen del Carmen resulta más efectiva para no salir disparado por el parabrisas que un cinturón de seguridad. Lo que nos falta es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial convoque a peregrinaciones a la Virgen de la Salud de Bojacá –que “bendice los vehículos sin distingo de marca o condición física, es decir, desde el más antiguo hasta el último modelo”, según un reporte de prensa– o le prenda una vela a San Cristóbal, patrono de los conductores, o a Nuestra Señora de Loreto o a San Sebastián de Aparicio Prado, quien desde 1574 está bendiciendo carrozas y carruajes en México y quien podría, si las plegarias son suficientes, extender su jurisdicción al territorio colombiano.

Con los esfuerzos pedagógicos en deuda y con la convicción de inmortalidad de los transeúntes viales intacta quedaría por explorar el ángulo represivo para resolver el problema.

No es que no se haya intentado. Colombia tiene una de las normas contra la conducción en estado de embriaguez más duras del planeta. Basta hacer gárgaras con enjuague bucal y tener un accidente para pasar el resto de los días en la cárcel. Esto es, si usted maneja un vehículo con todos los permisos y con licencia de conducción al día. Porque si usted maneja una volqueta, un taxi amarillo o una buseta del SITP Provisional no tendrá problema alguno.

Además, las probabilidades de caer atrapado son bastante bajas. En Colombia no hay policía de carreteras, o ¿cuándo han visto una patrulla policial persiguiendo a un camión sin luces o a un motociclista con un niño de cuatro años encaramado en el manubrio? Lo que si habrán visto son retenes policiales en las carreteras, que no es lo mismo. Estos tienen como función mortificar a los conductores pidiéndoles el certificado de recarga del extinguidor para insinuarle luego que el calor esta agobiante y que sería bueno alguito para la gaseosa. De lo contrario, le dirán, toca esperar a que llegue mi cabo que está almorzando a cuatro municipios de distancia para que revise el tema.

Como van las cosas los “eventos de transporte” continuarán acumulándose. La pedagogía enfocada en abstracciones rara vez es efectiva. No es con slogans que se resuelve este asunto. El Pareto parece claro: de los 16 millones de vehículos automotores que hay en el país, 10 millones son motos. Cerca del 60% de los muertos son motociclistas, al igual que lo son la gran mayoría de los 700.000 heridos en accidentes viales. La rebaja del SOAT –populismo puro y duro a costillas del menguado presupuesto de la salud– no ayuda. Por cada 100 pesos de prima se pagan 174 en siniestros, como lo recordó hace poco Fasecolda. Esto quiere decir que el gobierno, en vez de crear incentivos para reducir la mortandad, está subsidiando la masacre.

Una regulación inteligente de las motos puede ser muy útil. No será prohibiéndolas o haciéndolas más costosas. La moto como solución de movilidad es una maravillosa alternativa. Ciertamente más eficiente, ecológica y económica que una Toyota Prado. Carriles dedicados, seguros adecuados, sanciones serias y atribuciones de responsabilidad civil más claras, además de pedagogía específica sobre obligaciones y derechos, pueden ser algunas de las herramientas para mitigar la accidentalidad de este tipo de vehículos.

Habrá que ponerles más atención a estos “eventos de transporte”. Cincuenta años de conflicto armado nos han acostumbrado a creer que todas las tragedias se derivan de la boca de un fusil, cuando la verdad es que el progreso acelerado, ese que les ha permitido a millones de colombianos vivir mejor, también trae consigo nuevas problemáticas que todavía no sabemos muy bien cómo resolver.

Información para los lectores de Revista EXPECTATIVA 41 Años.

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