En el análisis acerca de las asimetrías en el sistema educativo colombiano, analizamos, cómo la educación reproduce las desigualdades sociales impidiendo de esta forma la movilidad social para dar paso al crecimiento de la pobreza; situación que se ahonda cada día más en la ruralidad, incluyendo la ruralidad dispersa y grupos poblacionales minoritarios.
En consecuencia, es necesario corregir esas asimetrías y fortalecer la educación, en particular, la media como nivel fundamental para definir el desarrollo educativo; por cuanto en este nivel, los jóvenes definen sus inclinaciones vocacionales. Además, permite el tránsito a la educación superior o al mercado laboral; lo cual es muy importante para los jóvenes que se encuentran en condiciones de pobreza, por cuanto, permitiría lograr algún grado de movilidad social; lo anterior, se ve representado salarialmente, debido a que los jóvenes que logran terminar la educación media tienen un salario 17% mayor que quienes no logran terminar la media.
De acuerdo con lo anterior, es preocupante, que, en Colombia, más de la mitad de los estudiantes que terminan el grado 11, no logran llegar a la educación superior. En el año 2021, la tasa de tránsito inmediato a la educación superior fue del 40%; de un total de 476.000 mil bachilleres graduados en 2020, solo 189.000 lograron acceder a este nivel de educación y, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), esta brecha aumentó al 90% en los estudiantes de entornos vulnerables.
Entre las razones que dificultan el acceso a la educación superior encontramos: las condiciones económicas, socioemocionales, pertinencia y falta de oferta educativa en algunas zonas del país. Las estadísticas muestran que los jóvenes entre 17 y 21 años que no acceden a la educación superior, el 71% pertenece al quintil más bajo de ingresos, mientras que el quintil más alto concentra el 3%.
Esta realidad marca las brechas sociales y territoriales en materia de tránsito a la educación superior entre departamentos, donde existe una variación entre 15% y 59%; las regiones con menor indicador de cobertura son los que tienen mayor ruralidad y con menor oferta de educación superior; entre estas: Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, Pacífico y región Caribe. Por ello, los esfuerzos del Estado en materia social deben tener un enfoque y prioridad territorial. Hemos avanzado en cobertura, programas académicos y regionalización; sin embargo, la cobertura en educación superior es insuficiente, 54% menor que otros países como Argentina y Chile con coberturas del 80% y por debajo de países de la Ocde, donde el promedio es del 75%; convirtiendo el acceso en un logro, a tal nivel que, de cada 100 estudiantes que se matriculan en primero de primaria, 56 se gradúan de bachillerato y solo 13 se gradúan de la universidad.
Además, los jóvenes que nacen en las zonas rurales y periféricas en condiciones de vulnerabilidad económica; difícilmente logran ingresar a la educación superior, y si lo alcanzan, es probable que abandonen su formación antes de graduarse; generando bajas tasas de permanencia en el sistema de educación superior.
En este sentido, el proyecto de Ley estatutaria que pretende garantizar la educación como derecho fundamental debe intervenir estas complejidades sociales; de este modo, construir un sistema educativo que supere las inequidades sociales y regionales. De no ser así, seguiremos perpetuando las brechas sociales.