El pasado 18 de agosto, el Icfes aplicó las Pruebas Saber a 616 mil estudiantes de grado 11; prueba que se realiza cada año, utilizada como instrumento de evaluación estandarizada para medir por parte del Estado, la calidad educativa ofrecida a quienes terminan la educación media; la cual es un requisito para el ingreso a la educación superior. Aunque la prueba permite pensar y mejorar los procesos de formación y repensar el tipo de ciudadano que estamos formando; son muy pocos los avances alcanzados. El Estado estandariza una prueba de conocimiento sin tener en cuenta las asimetrías regionales, sociales, económicas… determinantes y condicionantes donde estamos formando; convirtiendo la prueba en un instrumento para medición de desigualdad educativa y social. En consecuencia, han convertido la Prueba Saber en un ejercicio pragmático e instrumental, desconociendo los fines esenciales de la educación, conduciendo a los estudiantes a responder preguntas; para ello, las secretarías de educación e instituciones educativas contratan fundaciones «educativas» que enseñan la mecánica de responder preguntas; como una tendencia progresiva y dominante impuesta como forma de competencia y medición de calidad entre instituciones formativas. La calidad entendida como resultados que excluye procesos y realidades.
Para comprender lo anterior, analicemos los resultados de la Prueba Saber 11 del año 2023, donde se evaluaron 499.952 estudiantes. Los resultados evidencian que, esta prueba como instrumento de evaluación estandarizada continúa siendo ineficiente para mejorar el nivel educativo del país de acuerdo con las áreas evaluadas: lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, y ciudadanía, ciencias naturales e Inglés. En esta ocasión, el puntaje promedio alcanzado por los estudiantes evaluados en el examen fue de 257 puntos, sobre 500, donde más de la mitad de estudiantes evaluados están por debajo del puntaje promedio; reafirmando la persistencia de brechas de calidad educativa entre instituciones educativas públicas y privadas, regiones del país, zonas urbanas, rurales y ruralidad dispersa. Desigualdades presentes en los distintos ciclos de vida y niveles educativos; e incluso, la educación superior evidencia la acumulación de estas prevalentes asimetrías. De igual modo, en las universidades encontramos jóvenes que ingresan con buenos puntajes del Icfes; pero con dificultad en las áreas ya mencionadas.
Además de lo anterior, la prueba aún desconoce las persistentes limitaciones para garantizar a niños, niñas y jóvenes el acceso y permanencia en la educación; en particular, las zonas rurales. Es muy preocupante que, en la educación media la brecha de acceso de los grupos más vulnerables de la población; donde, aproximadamente uno de cada cinco jóvenes 20 % entre 16 y 22 años abandonan la educación media sin completarla o sin iniciarla; situación que empeora en las zonas rurales; donde el 38% de los jóvenes abandonan el sistema educativo antes de terminar la secundaria; y más de la mitad de los estudiantes que finalizaron el grado 11, no logran el tránsito a la educación superior.
Por consiguiente, la Prueba Saber debe ser un instrumento para evaluar y mejorar el sistema educativo; contribuyendo en la toma de decisiones por parte del Estado para cerrar brechas sociales; y no solo para medir y competir en calidad educativa; el esfuerzo debe estar centrado en mejorar la calidad y competir con los mayores niveles de igualdad y equidad. Solo así, podemos lograr desarrollo, progreso y justicia social.