El pasado 8 de agosto, el ministro de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de reforma tributaria: “Para la igualdad y la política social” dicha reforma está soportada sobre principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia del sistema impositivo; esto, con el propósito de implementar medidas encaminadas a fortalecer la tributación de sujetos con mayores capacidades contributivas, robustecer los ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión; además, promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. Esta reforma permite apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social. El propósito esencial de la presente reforma es, contribuir a reducir la deuda social histórica que tiene el Estado colombiano con sus habitantes a través del aumento de los ingresos tributarios con el fin de erradicar: el hambre, disminuir la pobreza y desmontar las preferencias tributarias de los más pudientes.
Para ello, el Estado necesita de unos recursos financieros que permitan hacer realidad un paquete de reformas sociales que, amplios sectores de la sociedad demandan para garantizar la justicia social; la cual establece, como imperativo social y moral, poner en práctica principios de justicia y solidaridad. La justicia hace referencia al respeto y reconocimiento de los derechos de los individuos, la solidaridad exige reconocimiento y preocupación por el bienestar de los demás. La vulnerabilidad humana se crea, cuando desconocemos y dejamos de poner en práctica, valores como la solidaridad; que permite la cohesión y construcción de una mejor comunidad; solo así, es posible un orden social que proteja nuestra vulnerabilidad.
En los distintos momentos de la historia humana, independiente de las crisis o fatalidades vividas; se ha necesitado de un sentido de lo humano ejercido en términos práctico. Lo humano, no como una condición fisiológica, sino como, humanidad, la cual se construye desde una dimensión inmanente; es decir; lo humano y la humanidad son el resultado de nuestros actos. Es a partir de lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que determina el resultado de nuestras acciones y comportamientos que se reflejan colectivamente. Cuando esto se realiza, la convivencia se armoniza, contribuyendo al reconocimiento de los derechos y dignidad de las personas; pero, igualmente tenemos que reconocer, que una comunidad requiere en sus procesos de socialización y convivencia vincular los aspectos de derecho y dignidad, que son necesarios e indispensables; pero no suficientes.
En cuanto la calidad de la convivencia, esta no se mide solamente por el grado de solidaridad y por el nivel de bienestar, sino también, atendiendo hasta qué punto los intereses de cada individuo particular se tienen en cuenta por igual en el interés general. De aquí que, necesitamos la acción del Estado en función de la inclusión y justicia social; un país, que actué en función de todos y para todos, independiente a la condición social, económica, política, geográfica, cultural, étnica, religiosa o sexual. En este sentido, requerimos de una reforma tributaria justa y solidaria para que el Estado vuelque su capacidad en función de proteger a los más vulnerables.