Por Erasmo Zuleta Bechara
“Descentralizar por descentralizar no es nuestro objetivo, sino cumplir unos fines de política pública: equidad territorial e inclusión social; descentralización para la vida, descentralización como modelo de desarrollo para todos; como goce efectivo de la autonomía; y como mecanismo para hacer público lo público», manifestó Darío Restrepo, director técnico de la Misión de Descentralización, concluida en el mes de junio de 2024. En mi concepto, como Gobernador del Departamento de Córdoba, una de las misiones más importantes de los últimos años.
Gran parte de las amenazas y oportunidades para el desarrollo económico de Colombia se gestan o están en las regiones, y la descentralización, tal como ha funcionado hasta hoy, tiene bastantes oportunidades de mejora. Precisamente, la Misión tuvo como objetivo tratar cinco asuntos de gran interés: I) Proponer una redefinición de competencias entre los diferentes niveles de gobierno; II) Proponer una modificación a las fuentes y usos asignados a las entidades territoriales; III) Modificar la arquitectura institucional existente; IV) Crear un Estado abierto, incentivando la participación ciudadana territorial; y V) Incorporar en la descentralización a los territorios indígenas.
De las múltiples recomendaciones de la Misión, dos llamaron mi atención y quiero resaltarlas. La primera hace referencia a la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). El SGP es la fuente de financiación más importante que soporta la descentralización en Colombia. Aunque las estimaciones de lo establecido originalmente en la Constitución del 91 proyectaban que los recursos destinados a las regiones para cubrir las necesidades de salud, educación y saneamiento serían el equivalente al 46.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), este porcentaje para 2023 fue de solo un 21%. Como resultado, muchas de las competencias que deberían ser cubiertas por el SGP, tales como la alimentación escolar, están siendo financiadas por otras fuentes de los departamentos, como las regalías, que se caracterizan por ser recursos inciertos.
La segunda recomendación de la Misión que quiero destacar es la modificación del Sistema General de Regalías (SGR). Esta modificación debería estar encaminada a respetar la autonomía de las entidades territoriales y permitir que los recursos del SGR sean usados para el financiamiento de proyectos estratégicos. Para ello, la Misión propone, entre otras cosas, suprimir los OCAD regionales y sectoriales (paz y ciencia, tecnología e innovación, CTeI) y sustituirlos por la gestión directa de las entidades territoriales. Por ejemplo, en la actualidad, en el OCAD de CTeI se realizan convocatorias públicas y competitivas para la asignación de recursos, lo que, por un lado, tiende a favorecer a oferentes que concentran más capacidades y a negar el acceso a los recursos a los territorios menos desarrollados o con menores capacidades, lo cual es un contrasentido, pues esos territorios deberían ser los más beneficiados.
Otras recomendaciones de la Misión incluyen modificar las categorías de las entidades territoriales, reformar el Marco de Responsabilidad Fiscal Subnacional y crear el Fondo de Convergencia Económica Territorial (FECET). Los gobernantes y el país no podemos seguir siendo pasivos y solo contemplar que, mientras la pobreza monetaria en Medellín alcanza un 22.6%, en Quibdó llega al 60.1%, y continuar indiferentes. Por ello, invito al Congreso de la República y al país a acompañar las iniciativas legislativas tendientes a mejorar la descentralización en Colombia y así alcanzar una mayor equidad e inclusión social.