*Cartagena de Indias (Bolívar) Octubre 12 de 2021-.* Desde el panel de precandidatos presidenciales en el congreso de Andesco, David Barguil lanzó una propuesta que recoge el sentir de la región caribe frente a la situación que viven millones de ciudadanos con respecto a la prestación del servicio de energía eléctrica. Barguil planteó usar recursos públicos para recolectar cerca de $4 billones de pesos en los próximos cinco años con el fin de garantizar el mejoramiento de la infraestructura energética sin que haya que subir las tarifas del servicio.
«Hay que apoyar con recursos públicos, con dinero del Estado, las inversiones en materia de infraestructura energética para que no terminen siendo los usuarios a quienes se les aumente la tarifa y sean ellos lo que asuman la solución de ese problema que por más de una década originó Electricaribe_”, afirmó Barguil.
Sobre la forma de financiación de este fondo, Barguil anotó: “_Esto lo vamos a financiar con 3 fuentes: La primera es, destinando un porcentaje mínimo dentro del 25 y el 30% de los fondos del Ministerio de Minas para que puedan subsidiar ese tipo de proyectos de infraestructura energética cada año. En segundo lugar, con un consenso entre Gobernadores y Alcaldes de ciudades capitales del caribe para que destinen una parte de los recursos de sus regalías. En tercer lugar, aprobar también una modificación de la ley para que parte de los recursos del fondo regional de regalías del caribe se puedan utilizar con vigencias futuras. La suma de estas 3 fuentes de financiación nos generarán un fondo de entre $3 o $4 billones de pesos, que en los próximos 5 años puedan ser la inversión en infraestructura energética y NO le impacte la tarifa mensual a los usuarios del caribe. Con esto lograremos que por fin esta región tenga un servicio de calidad y tarifas justas», explicó el precandidato presidencial.
Sin embargo, Barguil también explica que estos recursos que se recauden no se le girarán a los nuevos operadores Aire y Afinia sino que será el mismo Estado quien lidere las inversiones. A los operadores se les cobrará ‘el peaje’ por el uso de las nuevas redes eléctricas, hechas con recursos públicos, mejorando así la calidad del servicio de energía para millones de habitantes de la región.
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