MONTERIA CORDOBA-.
En el Concejo de Montería se gestó la conformación de un comité que liderará acciones para enfrentar la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, de sitiar la ciudad con peajes, incrementar abusivamente las tarifas y trasladas las caseta de El Purgatorio al Kilómetro 12 y de esa manera impactar negativamente la zona rural de la capital de Córdoba y los municipios de Valencia y Tierralta.
Por proposición del alcalde de Valencia, José Gómez Ramos, y el respaldo de los concejales citantes del debate, Aldrin Pinedo y Daniel Márquez, se liderará una cruzada que comenzará con cartas al presidente Juan Manuel Santos, donde se detalle el impacto socioeconómico de la región, y paralelamente presentar demandas y acciones populares para frenar lo que se ha considerado como un abuso contra la región.
De ese comité harán parte los gerentes de las empresas transportadoras, director de la Cámara de Comercio de Montería, alcaldes de Valencia, Tierralta, Ediles, asociaciones campesinas y se le cursará invitación a los diputados, Gobernación y Alcaldía de Montería.
Reclamando la participación de los congresistas el alcalde de Valencia pidió que fuesen vinculados a la propuesta de defensa de la región. “Vamos a pagar un peaje para equilibrar financieramente a una concesión, pero no incluyen el mantenimiento de nuestra vía”, expresó el mandatario local.
Al debate, estuvo invitada la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que prometió participar con sus delegados de forma virtual, pero a última hora cancelaron.
En el ejercicio, Juan Pablo García, asesor de la Secretaría de Planeación de Montería, advirtió que la zona de expansión de la ciudad está dirigida hacia el sitio donde se trasladará el peaje El Purgatorio y agregó que desde el año 2010 se determinó ese espacio como área suburbana para asuntos industriales.
El Concejal, Aldrin Pinedo dijo que eso demuestra que no hubo criterio alguno de parte de la ANI para tomar la decisión de trasladar el peaje El Purgatorio. “El diseño se hizo para beneficiar una concesión, sin importar el impacto social y económico de una región en desarrollo”, agregó.
Por su parte el concejal, Daniel Márquez, dijo que con el diagnóstico revelado el Estado afectará los pequeños y medianos empresarios de la región, que son el 58% del comercio registrado oficialmente en la Cámara de Comercio.
El director de la Cámara de Comercio, Félix Manzúr Jattin, a través de una misiva que hizo llegar al Concejo dijo que se suma a la iniciativa regional porque además de afectar al comercio, el usuario se verá duramente impactado al sentir el incremento de productos que llegan a la ciudad de otras regiones.
Transportadores
El gerente de la empresa de transporte urbano, Monteriana Móvil, Bernardo Grandeth, reveló con estadísticas y cifras concretas que el impacto anual al campesinado es de mil millones de pesos con el alza de peajes.
Dijo que el cálculo señala que cada 6 meses las empresas de transporte urbano pagarán 22 mil peajes y obliga aumentar tarifa y el ciudadano se efecta, aún si conceden la tarifa diferencial.
Por su parte el gerente de la empresa Metrosinú, Héctor Frasser, dijo que además todo lo que venga a abastecer a Montería será recargado por el costo de los peajes y el ciudadano pagará la diferencia. “Van a volver a Montería una ciudad costosa”, recalcó.
El comité tendrá reunión la semana entrante y las acciones jurídicas son las primeras opciones.
Foto de Cel para Revista EXPECTATIVA.