ENTREVISTA de la Revista EXPECTATIVA en QUIEN ES QUIEN a uno de nuestros PERSONAJES EJEMPLARES 2017.
Alfonso De la Espriella Burgos, es un abogado cereteano, quien desde muy joven se fue a vivir a Bogotá sin que jamás dejara romper el lazo con sus costumbres y amistades cordobesas. En Bogotá prestó el servicio militar obligatorio, estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia, hizo estudios de especialización y maestría en derecho público, obtuvo diplomas en derecho de seguros, contratación estatal y gerencia. Trabajó en entidades privadas y estatales: fue profesional universitario en la desaparecida empresa ECOSALUD S.A, Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Asesor del Fondo Nacional de Regalías, Secretario General de Seguros La Previsora; Jefe de Control Interno de la Función Pública, entre otros. Hoy se desempeña como Director Ejecutivo de Administración Judicial en el Departamento de Córdoba.
¿En qué consiste su trabajo?
-Para explicarlo de manera sencilla le diré que como Director Seccional de Administración Judicial debo actuar como gerente de la Rama Judicial en el Departamento de Córdoba, en ese orden de ideas ejerzo como representante legal en el Departamento, administró los bienes de la Rama y debo velar porque, desde la parte administrativa, al ciudadano se le garantice el acceso a la administración de justicia y que los servidores judiciales cuenten con los elementos y espacios óptimos para desarrollar cabalmente sus funciones.
¿Cuáles han sido los principales obstáculos y retos en su actual trabajo?
-Son varios. Pero resalto un presupuesto insuficiente para atender un significativo cúmulo de requerimientos de los servidores judiciales; una planta de personal muy pequeña en la Dirección Seccional pero afortunadamente gigantesca en cuanto a capacidad, profesionalismo y sentido de pertenencia de cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo. La falta de infraestructura física adecuada para el funcionamiento de los despachos ha sido un gran problema, que en muchos casos hemos solucionado, pero reconozco que aún falta por hacer en esa materia, no obstante, sigo trabajando incansablemente en ello. Gestionando ante entidades públicas del orden nacional. Buscando hacer alianzas estratégicas, capitalizar opciones favorables a nuestros intereses; tocando puertas a los gobernadores y alcaldes de turno para lograr entre todos brindarle al ciudadano y a los servidores judiciales unas mejores instalaciones.
¿Díganos cuáles han sido sus logros?
-Hacer mucho con pocos recursos. Optimizar los limitados recursos que nos asignan. Por citar solo unos ejemplos: Nos impusieron el reto de ser pilotos en la oralidad y lo asumimos, pasamos de tener 12 salas de audiencias en el Departamento a tener más de 70 para ajustarnos a la nuevas exigencias procesales; ampliamos la cobertura de servicios tecnológicos, remodelamos y trasladamos varias sedes judiciales, las dotamos de equipos tecnológicos y mobiliario para audiencias orales; hemos puesto todo nuestro esfuerzo por solventar día a día los que son, en su mayoría justos, requerimientos de los usuarios, empleados y funcionarios, a pesar de que, le reitero, los recursos con que contamos son insuficientes. Reconozco que faltan cosas por hacer, pero nos sobra la voluntad de realizarlas y a fe que lo conseguiremos.
¿Una frustración?
-No haber podido conseguir con los últimos tres últimos gobernadores de Córdoba e igual número de alcaldes de Montería que nos donen un lote de terreno para la construcción del nuevo palacio de justicia de Montería. Quien ha mostrado mayor interés es el actual alcalde de Montería, el Dr. Marcos Daniel
Pineda, pero no se ha concretado la donación. Es una necesidad inaplazable, el edificio actual ya no tiene más capacidad, hemos aprovechado los espacios de la mejor manera y aún así resulta insuficiente, ello genera altos costos por pagos de arriendos en diferentes sitios de la ciudad, servicios de vigilancia, aseo y servicios públicos, recursos que bien pudiéramos destinar a la construcción de un nuevo edificio si contáramos con el lote de terreno. Yo inscribí el proyecto de construcción de la nueva sede en Planeación Nacional hace cuatro años y lamentablemente ha quedado en el papel. Le escribí a todos los senadores y representantes a la cámara de Córdoba para que aunáramos esfuerzos en la realización de este proyecto pero hasta ahora solo los senadores Besaile y Correa han manifestado su apoyo a esta iniciativa, que no es mía, sino de los servidores judiciales y de los ciudadanos. Hay que hacer una gran cruzada de todas las fuerzas vivas del Departamento de Córdoba para lograr la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Montería.
¿Su opinión en cuanto a la corrupción que ha tocado a la Rama Judicial?
-Debo empezar diciendo que han sido unos graves hechos pero aislados.
No se puede generalizar ni estigmatizar al servidor judicial porque algunos se hayan desviado de la noble misión que les impone el servicio público de administrar justicia. La lucha contra esos hechos tenemos que darla entre todos. En lo particular me vi en la obligación de denunciar a dos ex empleadas de la Dirección Seccional que ya fueron condenadas; también debí llevar a la Fiscalía la denuncia por la pérdida y cobro irregular de unos títulos judiciales por los que resultó condenada una ex jueza de un Municipio del alto Sinú y también a unos miembros de bandas criminales por presunto cohecho contra un empleado de la Seccional. Sin embargo, me consta la probidad, diligencia y buen juicio de la gran mayoría de los servidores judiciales de Córdoba, que hacen un trabajo silencioso, honrado y fundamental para la convivencia en paz de la sociedad.
¿Un agradecimiento?
-A Dios, por Él estoy ejerciendo estas funciones hasta que Él lo disponga, a Él le debo todo en mi vida, le debo La restauración de mi vida y mi familia, le debo a mi esposa María Viviana, a mis tres hijos y al que está por nacer.