El pasado 4 de julio se conmemoraron los 33 años de promulgación de la Constitución Política de Colombia nacida del liderazgo de una generación de colombianos que pudo leer la convulsionada, violenta y compleja realidad social del país, en ese momento histórico; una generación que, además de lo anterior, pudo interpretar, comprender y proponer salidas propositivas por vías democráticas; construyendo una nueva constitución que hoy continúa representando un acuerdo o pacto nacional entre los distintos actores y sectores que representan la pluralidad y diversidad social. La nueva Constitución significó un contrato social moderno, reemplazando el construido por la premoderna Constitución de 1886.
Sin equívocos, la Constitución del 91 encarna un pensamiento moderno; permitiendo avanzar en un orden social más equitativo con mayores libertades; reconociendo la pluralidad de pensamientos e ideologías de avanzada; creencias que caracterizan la cultura política de la nación. Cabe señalar que, este ideario de libertades, justicia y dignidad humana, representan el proyecto de la modernidad. Durante más de tres décadas de existencia de la Constitución de 1991 hemos presenciado un escenario social de retos, convulsiones, cambios, desafíos y un Gobierno de izquierda; el primero en la historia de Colombia; donde el Presidente de la República propone una constituyente. Para ello, convoca al poder constituyente a un acuerdo nacional; abriendo la deliberación pública entre legos y expertos.
Dado que, los argumentos que nutren la defensa de una constituyente son las necesidades de cambios estructurales en el diseño institucional del país; responsabilizando a los opositores de impedir la agenda reformista del Gobierno actual; en especial, el Congreso, donde muchas de las iniciativas de reforma naufragaron. Por otro lado, concurren argumentos que indican, que tenemos una constitución joven y moderna, donde el esfuerzo del país político y nacional debe centrarse en construir un gran acuerdo para llevarla a cabo; garantizando de esta forma, un verdadero Estado social de derecho. Concomitante con lo aquí expuesto, se hace necesario insistir, a través de un acuerdo político nacional, impulsar entre otras, las reformas estructurales en materia política, educativa y descentralización territorial.
En este sentido, es importante recordar que, en gran medida las razones de las distintas formas de violencia son debido a los desencuentros entre un ideario moderno y unas condiciones sociales premodernas que resisten a transformarse. Por consiguiente, la Constitución del 91 representa un contrato social plural e incluyente, no aplicado plenamente; postergando los cambios estructurales en materia social, política, económica y cultural. Sin olvidar, que los avances sociales alcanzados han sido traumáticos con derramamiento de sangre permanente.
Dando como resultado, un Estado segregado desde lo social, cultural y regional con un enfoque de centro-periferia, imponiendo un modelo centralista del desarrollo, un mal que no ha podido corregir la Constitución del 91. No obstante, en estos 33 años de existencia de la Carta Magna, la reflexión y la acción debe centrarse en hacer realidad el contrato social que contiene la hoja de ruta de lo que Colombia debe lograr para llegar a ser una nación moderna.