Con el fin de escuchar a los periodistas amenazados en Córdoba y tomar las medidas de protección preventiva para garantizarles la seguridad requerida, especialmente en el sur del departamento, se llevó a cabo el Plan de Mando Unificado (PMU) por la Vida en Montería.

A la jornada liderada por la Gobernación, a través de la secretaría del Interior y Participación Ciudadana con el Ministerio del Interior y demás autoridades judiciales, organizaciones de derechos humanos del orden nacional e internacional, asistieron los periodistas, líderes de las víctimas del conflicto y representantes de la sociedad civil.

En el evento instalado por el jefe de la dependencia, Jairo Baquero, los comunicadores asistentes al PMU, dieron detalles de las amenazas e intimidaciones contra sus vidas y sus familias, por denuncias públicas en el ejercicio de su labor periodística e investigativa por casos de corrupción. Las mismas, según ellos, provienen de grupos armados ilegales y de políticos de sus zonas.

Los defensores de víctimas, al igual que los periodistas que sienten temor, insisten en la protección del Estado para que no se vuelva a registrar otro caso más, como el reciente asesinato del periodista y líder Rafael Moreno, ocurrido en Montelíbano. Mientras tanto, otros periodistas comunicaron que cuentan con esquema de seguridad por la UNP.

Al finalizar el PMU, las solicitudes de víctimas y autoridades de algunos municipios del sur de Córdoba consisten en agilizar los trámites necesarios para garantizar la seguridad de los periodistas y de otras personas amenazadas en sus poblaciones. Además, los periodistas esperan protección para sus familias y que trasladen a algunas personas de la zona por el riesgo que corren sus vidas.

Se solicitó reforzar los esquemas de seguridad por la UNP en el menor tiempo posible y agilizar los trámites para incluir a los que no cuentan con él y lo requieren.

Adicionalmente, las organizaciones defensoras de derechos humanos en manifestaron que es necesario crear una ruta o medida de protección colectiva para los periodistas en Córdoba.

Por su parte, la Fiscalía pidió  más compromiso de los denunciantes, es decir, requiere ampliación sobre las denuncias ordinarias y que no sea una denuncia simple, con el fin de facilitarles la ruta dentro de la UNP.

La Policía en su caso comunicó que ha venido desplegando la ruta institucional de protección y prevención de las familias y líderes sociales amenazados en Córdoba y que ha sido fundamental el acompañamiento del Ejército Nacional. Pero también requiere que las víctimas presenten copias de las denuncias y los trámites ante la Fiscalía y la UNP para poder dar cumplimiento al trámite de su protección y seguridad.

— Leidys Alarcón

Contratista, DPC

 

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