El gobierno del presidente Petro ha empezado a anunciar decisiones de política pública que, sin duda, muestran la intención de los cambios que prometió en su campaña y por los cuales votó la mayoría. Es importante analizarlos, teniendo en cuenta que por el momento son anuncios de decisiones, que aún no se conocen documentos de política pública.
En el campo de la seguridad hay que destacar las decisiones anunciadas por el director de la Policía en el sentido de acabar con la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito y darle prioridad a la erradicación voluntaria, lo cual fue complementado con el anuncio del propio presidente de que se terminaba la fumigación con glifosato a estos cultivos, haciendo la salvedad de que eso no significaba una patente para aumentar la siembra de ese tipo de cultivos. Igualmente anunció el director de la Policía que se acababa el Esmad (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) y se iba a habilitar en su remplazo la Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública, que dará prioridad al acompañamiento a los grupos protestantes, el diálogo y la búsqueda de la concertación antes que a las respuestas coercitivas.
Asimismo, el ministro de Defensa anunció dos medidas de gran importancia: 1) la terminación de las denominadas “batidas” para llevarse a jóvenes a resolver su situación militar o a otros propósitos; 2) la suspensión de ataques con bombardeos a campamentos de grupos ilegales si no hay certeza de la ausencia de menores de edad, para darle prioridad al salvar las vidas de estos, en cualquier caso considerados víctimas de reclutamiento forzoso. Algunos consideran, a mi juicio equivocadamente, que eso sería maniatar a la Fuerza Pública, pero en realidad es garantizar que las operaciones militares o policiales se hagan cumpliendo la normatividad existente.
Las anteriores medidas se complementan con la decisión anunciada por el presidente Petro de modificar la política de extradición para los traficantes de drogas —normalmente, los que han sido más solicitados—, de tal manera que solo se extradite a aquellos narcotraficantes que no acepten ningún proceso de acuerdos con las entidades del gobierno que se traduzca en el abandono de sus actividades delictivas, previo arreglo de cuentas con la justicia colombiana, o a aquellos que reincidan en sus actividades delincuenciales luego de llegar a acuerdos con las autoridades nacionales. Esto es una decisión de gran calado y que se debe conversar y, seguramente, llevar a acuerdos con las autoridades norteamericanas —quienes fueron las primeras en plantear esta necesidad del diálogo—, en la medida en que este es un mecanismo de cooperación internacional de la justicia, si bien en el pasado también significó una especie de renuncia de la justicia colombiana a ejercer plenamente su soberanía.
Por otro lado, destacamos el anuncio del ministro de Justicia de continuar con la aplicación de la justicia restaurativa, medida, sin duda, de la mayor importancia en varios sentidos: 1) reconoce que la justicia punitiva por sí sola no cumple ningún rol resocializador y que es probable que la justicia restaurativa avance más en esa dirección; 2) implica avanzar en términos educativos con el conjunto de la sociedad para que se entienda que justicia no es solamente lo que se expresa en lo que se ha llamado el “populismo punitivo”, sino también una función resocializadora en relación con el que infringe la ley y la búsqueda de que haya una clara tendencia de disminución del nivel de delincuencia.
El presidente Petro y su gobierno se han planteado una agenda de cambios profundos, y si a eso le sumamos el colocar la estrategia de diálogo y negociación como eje central frente a la conflictividad, no hay duda que el desafío es apasionante.
Especial para los lectores de Revista EXPECTATIVA 41 Años.
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